Hace un par de semanas tuve la suerte de participar en un debate muy interesante sobre la regulación de los lobbies. Acepté entusiasmada en cuanto me lo propusieron porque como a toda buena Reincidente el tema me encanta, pero me entró cierto pánico al darme cuenta de que los organizadores estaban interesados en que yo aportase la perspectiva al respecto desde el sector social. En realidad, apenas me había planteado la reflexión personalmente, ¿con qué legitimidad iba a poder trasladar la visión de todo un sector que, por otra parte, no se caracteriza precisamente por su “pensamiento único”?.

Así que recurrí al viejo truco de hacer una consulta express entre mis contactos del mundillo (es decir, personas relacionadas directa o indirectamente con las tareas de incidencia política en organizaciones sociales) y el resultado fue de lo más interesante -¡gracias a todos, por cierto!-. Como eran sólo tres preguntas, voy a contar rápidamente qué me dijeron: 

La primera pregunta era muy genérica: “En términos generales, ¿estás de acuerdo con la necesidad de regular la actividad de lobby?” Hasta ahí, unanimidad completa: el 100% de los encuestados dijeron que sí.

A continuación, preguntaba a los que hubiesen respondido afirmativamente, cómo creían que debía desarrollarse dicha regulación, y sugería dos vías concretas: creando un registro parlamentario de los distintos lobbies o garantizando la transparencia de las agendas de los responsables políticos. Como las dos respuestas eran acumulables, tuvieron igualmente un amplio respaldo: 80% en el primer caso y 100% en el segundo.

 Y aquí acaba el consenso. Llegamos a la discrepancia en la tercera y última pregunta: “¿Crees que las organizaciones sociales deben recibir el mismo tratamiento que otros grupos de presión?”. En este caso, las respuestan variaron entre un 39% que dijo “sí, por supuesto, exactamente el mismo”, un 30% que optó por el “sí, pero con matices”, un 17% que alegó que “su objetivo es diferente y no pueden tratarse igual” y un 13% que reconoció no tenerlo claro.

Como suele ocurrir en estos casos, en los comentarios estaba el jugo, y aquí me voy a detener un momento en tres de las ideas que me parecen más destacadas:

Primera idea que comparto totalmente: la transparencia es la clave. Debe impulsarse al máximo tanto en el sujeto “activo” del lobby -quién es, cómo obtiene su financiación, qué objetivos persigue,…- como en el “pasivo”. A este último respecto hablamos de temas clave como las agendas públicas o la “huella legislativa”, concepto que me parece interesantísimo pero que no me da tiempo a desarrollar aquí.

Segunda idea, que también comparto al 100%: la regulación de los lobbies no debe convertirse nunca en un filtro que acabe obstaculizando el acceso de algunos colectivos o entidades a los representantes políticos. La participación social es -o debería ser- a la vez un derecho de los ciudadanos, una buena práctica de los gestores políticos y un principio básico de una sociedad democrática. Como tal debe fomentarse, nunca limitarse.

Tercera idea, en la que disiento de algunos de mis colegas: varias respuestas alegaban que debe establecerse una diferencia en la regulación en función del fin que persiga cada lobby en concreto. Es decir, no es lo mismo una empresa que busque maximizar su beneficio que una ONG que persiga por ejemplo universalizar el acceso a la salud. Estando obviamente de acuerdo en que no es lo mismo, creo que no debe ser este un criterio que marque una regulación diferente en términos de cómo se regula su labor de influencia. Primero, porque todo buen lobbista, al servicio de cualquier causa, alegará siempre que persigue el interés público, ¡faltaría más! Y por tanto, ¿quién sería el encargado de determinar si el fin es bueno, malo o intermedio, y en base a eso el tratamiento que debe otorgarse al respecto? ¿Qué gobierno se atrevería a decir –sobre todo en los tiempos que corren- que un sector industrial que defiende por ejemplo la creación de empleo representa un interés privado que debe recibir una regulación más restrictiva que una organización social? Obviamente, ONG y movimientos sociales jugamos con clara desventaja de medios, influencia y poder frente a las grandes empresas a la hora de ejercer nuestras tareas de lobby. Pero no creo que la transparencia acreciente esa inferioridad de condiciones, antes al contrario. No deberíamos tener nada que ocultar y sí, creo, mucho que ganar.

 

Foto: <a href=”http://www.foto-gratis.es”>Foto Gratis</a>

Publicado por Marta

Reincidente en cooperación internacional y temas sociales desde hace ya casi 20 años (glups). Metida en más jaleos de los que debería y menos de los que mi conciencia me pide. Incoherente por naturaleza, aunque trato de evitarlo. Mi compromiso incluye cuidar a los míos, aunque no siempre esté a la altura.

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1 comentario

  1. Enhorabuena por el post, Marta. Totalmente de acuerdo con lo que dices. En el último punto especialmente, porque aquí no se trata de tener una lista de buenos y malos, sino de conocer quién hace qué. No se quién estaría legitimado para decidir dónde poner la raya, ni tampoco creo que debamos arrogarnos, desde el sector social, la bandera de que somos los representantes legítimos de las buenas causas y los demás no.
    Por otro lado, discrepo en lo de los medios, porque creo que la capacidad de influencia va mucho más allá de los recursos disponibles. Es cierto que las empresas multinacionales tienen muchos recursos. Pero también es cierto que algunas organizaciones sociales son marcas muy potentes con notoriedad, credibilidad y gran capacidad de influencia y de abrir puertas con pocos recursos. Desde luego muy por encima de muchas pymes

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